Susana Ramírez, defensora de derechos humanos en Oaxaca e integrante del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-dh), fue detenida este miércoles de manera arbitraria en la capital del estado por policías, mientras documentaba las protestas por el 1 de mayo.
En entrevista telefónica, Sara Méndez, coordinadora de Codigo-dh, informó que la activista fue presentada ante las autoridades judiciales 14 horas después de su detención, y agregó que existe preocupación por parte de la organización de que le sean fabricados delitos, debido a la constante criminalización que sufren los defensores de derechos humanos en el estado.
De acuerdo con Méndez, la activista tomaba fotografías y documentaba la marcha del 1 de mayo, en medio de la cual se dieron al menos tres enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Pese a acreditarse como integrante de Codigo-dh, Ramírez fue detenida junto con otras 27 personas –entre ellas siete menores de edad– por agentes municipales que presuntamente dispararon sus armas de fuego contra los manifestantes.
En un comunicado, la organización denunció que Susana Ramírez continuaba sin ser puesta a disposición de las autoridades competentes, por lo que se desconocía su situación jurídica.
Méndez informó que fue hasta las 3 de la mañana de este jueves que el parte informativo fue presentado ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y se presume que existe una acusación en su contra por daños y por haberse resistido al arresto.
Agregó que se teme que se le fabriquen delitos a la también integrante de la Red Estatal de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos, debido a que la organización siempre ha estado denunciando y señalando las irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno; así como otras detenciones arbitrarias que la policía municipal ha efectuado en manifestaciones previas.
La tarde de este jueves Código-dh volvió a emitir un comunicado para exigir la puesta en libertad de la activista, y denunciar el uso excesivo de la fuerza cometido por la policía.
A principios de abril pasado, Código-dh sufrió un allanamiento a sus instalaciones, mismo que fue denunciado ante la PGJ. Méndez aseguró que en esa ocasión se encontró encendida una computadora, por lo que al parecer fueron revisados los expedientes, y denunció que incluso se sustrajeron documentos.
La responsable del área jurídica de la organización, Alba Cruz Ramos, cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2006, debido a amenazas de muerte en su contra.
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