Con Iniciativa Mérida: narco, trafico de armas y lavado de dinero viven epoca de oro

La cuarta reunión del Grupo de Alto Nivel de la “Iniciativa Mérida“ se realizará este martes, en Washington, D. C., y de hacerse un balance realista del estado que guarda la instrumentación del también llamado “Plan México” y la descoordinación de los gobiernos de México y Estados Unidos en la “guerra” calderonista a los cárteles del narcotráfico, o al menos contra algunos de éstos, particularmente en lo que se refiere a las cuatro áreas estratégicas acordadas por ambas administraciones, se deberá de reconocer que las metas trazadas no sólo no han sido alcanzadas, sino que los retrocesos son más que evidentes, no sólo por la gran matanza que se desarrolla en suelo mexicano, sino porque el narcotráfico no sólo no ha sido frenado sino que se encuentra en amplia expansión, ya no sólo en territorio estadounidense, sino también en amplias regiones de América Latina e incluso en Europa. En síntesis, el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la reducción de la demanda, no sólo no se han frenado sino que viven una época de oro a raíz de la implementación de ese plan de guerra irregular en nuestro país. Así, no solo nos han hundido, también han liquidado la seguridad.

Nada tendrán que celebrar la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y la canciller de México, Patricia Espinosa, quienes encabezarán las delegaciones de sus respectivos países en una reunión sobre el plan de seguridad regional lanzado en 2008. El cuarto encuentro de esta naturaleza, tras los celebrados en Washington en abril de 2011, en México en marzo de 2010 y también en la capital estadounidense en noviembre de 2008, será a puerta cerrada y se centrará en las cuatro áreas clave que destacaron los mandatarios Barack Obama y Felipe Calderón en su encuentro de agosto de 2009, mayo de 2010 y marzo de 2011, según lo destacó el Departamento de Estado en un comunicado, en el que resalta que a través de la “Iniciativa Mérida” el gobierno estadounidense ha canalizado 1,600 millones de dólares a México, a pesar de lo cual la violencia ha dejado alrededor de 70 mil muertos desde 2006, cuando asumió el poder el segundo presidente de extracción panista y desplegó las fuerzas armadas a los Estados afectados por los cárteles de la droga en busca de una legitimidad que no logró en las urnas.

Un análisis inicial de los resultados alcanzados con el plan diseñado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Pentágono, impuesto a Felipe Calderón por el gobierno de George W. Bush al arrancar la declinante administración actual en México, da cuenta de que después de seis años no se ha logrado desarticular la capacidad de las organizaciones delictivas que actúan en ambos lados de la frontera. En nuestro país, el fortalecimiento del Cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín “El Chapo” Guzmán, es innegable hasta para las propias autoridades federales, tanto en el plano financiero como en el de armamento adquirido en suelo estadounidense. Lo anterior ha sido en gran parte posible gracias a que el fuego oficial fue dirigido específicamente contra los cárteles rivales de el de Sinaloa, y varios de éstos pudieron ser descabezados como recientemente ocurrió con el del Golfo, dejando prácticamente todo el territorio a el protegido capo sinaloense.

A pesar de la propaganda oficial, no se logró el fortalecimiento de las instituciones responsables del combate a la delincuencia organizada y se recurrió al sobado pretexto de que las entidades federativas pecaron de omisas en esta materia dejando todo el trabajo a las autoridades federales. El uso del Ejército en esta tarea policial no sólo no se ha calificado de acertada sino que se le culpa de graves violaciones a los derechos humanos, además de que ha sufrido un gran desgaste por la corrupción, que fundamenta el pedimento de sacarlo de las calles y volverlo a recluir en los cuarteles. Por lo que toca a la Marina-Armada de México, si bien su desempeño ha sido mejor que el del Ejército, sin que esto signifique que ha sido legal, también sus mandos han sido señalados de enlaces y compromisos con cárteles de la droga, como con el del Golfo, que a final de cuentas si bien sirvieron para arrestar a algunos capos, no fue suficiente para desarticularlos en su totalidad y, además, quedó en evidencia el incumplimiento de presuntos acuerdos entre oficiales de la Marina y jefes narcos.

Tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Secretaría de Seguridad Pública no se han fortalecido institucionalmente, y hasta sus propios titulares han sido cuestionados tanto por las infiltraciones de cárteles del narcotráfico en sus propias filas como por la complicidad de sus mandos superiores con las organizaciones criminales. De hecho, Genaro García Luna, titular de la SEP, ha sido severamente cuestionado por sus presuntas ligas con los cárteles del narcotráfico, particularmente con el cártel de Sinaloa, sin que el funcionario haya podido desmentir convincentemente esas acusaciones que lo mismo han salido del Congreso de la Unión como de los propios sicarios, quienes han dejado múltiples mensajes ante sus víctimas en diversas entidades del país. Por lo que toca a Marisela Morales, actual titular de la PGR, ha destacado más por su ineficiencia que por sus acertadas actuaciones al frente de esa institución de procuración de justicia.

Tampoco el objetivo de alcanzar una frontera segura se ha logrado. Del lado mexicano, ciudades como Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; Morelia, Michoacán; Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas; Cuernavaca, Morelos; Veracruz y Jalapa, Veracruz; Guadalajara, Jalisco; el Estado de México; Ciudad Acuña, Coahuila, o Tijuana, Baja California, han sido convertidas en los últimos años en las más violentas del país, sin que la movilización del Ejército y la Marina, y sus difundidos operativos y acciones en esas regiones hayan logrado siquiera brindarles una paz regular. De hecho han sido escogidas por los cárteles de las drogas como los escenarios privilegiados para desarrollar sus enfrentamientos con el fin de controlar esas plazas vitales para el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Ciudad Juárez ha alcanzado el estatus de ser la ciudad más violenta del mundo, aún por encima de otras ubicadas en Medio Oriente y que resienten ocupaciones extranjeras y guerras civiles. La inseguridad en el país también convirtió al periodismo en la actividad profesional más riesgosa en México.

Otro gran fracaso se ha dado en la meta de fortalecer el tejido social de las comunidades en los dos países. En territorio mexicano comunidades enteras han sido desplazadas por la violencia generada por los cárteles de las drogas, por el control que éstos ejercen en los territorios y la migración que ha cruzado incluso la frontera para expandirse más allá del Río Bravo. No sólo no se ha logrado fortalecer el tejido social de las comunidades en la zona fronteriza, sino que simple y sencillamente muchas han sido borradas de esa área.

Incluso los compromisos asumidos por los gobiernos de Estados Unidos y México en la “Iniciativa Mérida” tampoco han sido cumplidos en su totalidad. No ha habido responsabilidad compartida, las acusaciones de incumplimiento de acciones correspondientes a uno y otro país han sido frecuentes y han provocado, incluso, incidentes diplomáticos que han tenido que ser resueltos al más alto nivel, como el controvertido ataque de elementos de la Policía Federal a dos agentes de la CIA en las inmediaciones de Tres Marías y de la investigación que está en curso para deslindar responsabilidades; o la falta de respuesta del gobierno de Estados Unidos para conocer detalles sobre el operativo “Rápido y Furioso” que permitió el ingreso de miles de armas estadounidenses a territorio mexicano y que incluso llegaron a otros países.

De hecho esta reunión se llevará a cabo la misma semana en que se espera que el gobierno de Obama divulgue un informe del inspector general del Departamento de Justicia sobre la fallida operación “Rápido y Furioso” que facilitó el envió de unas 2 mil armas a México entre 2009 y 2010 para identificar a su destinatarios y que simplemente “se les perdió” a los agentes estadounidenses de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) en una de las pifias más difundidas de los últimos años y que levantó ampollas en la agenda bilateral porque las armas terminaron en manos de los cárteles de la droga, no sólo en México, sino en otros países.

Confianza mutua y respeto a la jurisdicción de cada país no ha habido, e incluso los reclamos por la intensa actividad que desarrollan agentes de Estados Unidos, de la CIA, la DEA o el FBI, entre otros, en territorio mexicano, se han multiplicado en el Congreso sin que el gobierno de Felipe Calderón haya podido dar una respuesta satisfactoria a los legisladores de oposición.

Fuente: Revista EMET